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Un día después de la quinta Marcha Federal Universitaria, el Gobierno dejó en claro que no piensa cambiar su postura. En Casa Rosada calificaron la protesta como «política», cuestionaron los incidentes frente al Congreso y descartaron abrir una nueva negociación con los rectores por los fondos. Del otro lado, las universidades advierten que, sin respuestas, el ciclo lectivo 2027 podría estar en riesgo.
La movilización del jueves, la quinta desde 2024, reunió a estudiantes, docentes, no docentes y autoridades universitarias junto a organizaciones sociales, políticas y sindicales en distintos puntos del país. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) estimó la convocatoria en un millón de personas. Sin embargo, el cierre quedó marcado por los enfrentamientos entre un grupo de encapuchados y las fuerzas de seguridad, que terminaron con más de 30 detenidos y una denuncia penal del Ministerio de Seguridad.
«De universitaria tuvo poco. Cuando ves las imágenes de los encapuchados enfrentándose con la policía, ahí no hay mucho universitario que digamos», señalaron en el Gobierno, donde remarcaron la presencia de dirigentes del kirchnerismo, la izquierda y el sindicalismo combativo. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, compartió un video de los disturbios y escribió con ironía: «Así los universitarios reclaman sus derechos».
Fuentes oficiales fueron tajantes: la marcha «no cambió nada». «No hay ninguna negociación de nada. No recibimos a nadie», aseguraron. El Gobierno también puso en duda la representatividad de la conducción del CIN, que encabeza el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, y sostuvo que en los palcos hubo pocos rectores.
La estrategia oficial será tratar con cada universidad «uno por uno», sin mesas de diálogo colectivas. Como muestra, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, recibieron el miércoles a las nuevas autoridades de la Universidad Nacional de Tucumán.
Para el Ejecutivo, cualquier discusión sobre fondos deberá darse en el Congreso, en el marco del Presupuesto 2027. Allí está uno de los principales focos de conflicto: el proyecto oficial asigna unos $7,3 billones a las universidades, mientras que el CIN reclama más de $11 billones y ya presentó su propuesta a diputados y senadores. «Los recursos son finitos. Hay una premisa en el Presupuesto, que es el equilibrio o el superávit fiscal», insistieron en Casa Rosada, donde apuestan a negociar los votos con bloques aliados y gobernadores.
En la comunidad universitaria crece la inquietud. «Hacia adelante hay mucha preocupación, en la medida que no aparezcan respuestas», admitió una fuente de peso del sector, que describió el escenario como una «olla a presión» y advirtió que, sin diálogo, el conflicto podría escalar y comprometer el inicio de las clases del año próximo.
